La solicitud se suma a una petición anterior, del 16 de octubre, referente a una intervención policial ocurrida en Oporto el 15 de octubre, cuyo plazo de respuesta aún está en curso. La PSP dispone de 10 días hábiles para responder a ambas solicitudes, según el Estatuto del Provedor de Justicia.
Tras recibir los elementos, la Proveduría de Justicia analizará la compatibilidad de las intervenciones policiales con el derecho de reunión y manifestación, consagrado en la Constitución. La Provedora de Justicia recordó el deber del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, de garantizar el libre ejercicio de este derecho, en virtud del Decreto-Ley n.º 406/74.
