La iniciativa abarca la prevención de conflictos, la simplificación de procesos y la reorganización de los tribunales administrativos y fiscales, buscando reducir el tiempo de decisión y el número de litigios.
Entre las principales medidas se encuentra la tramitación simplificada de acciones administrativas de valor hasta 15 mil euros, con conclusión prevista en 18 meses en primera instancia. También se anunciaron nuevos instrumentos para acuerdos pre-litigio.
El Ministro Adjunto y de la Reforma del Estado, Gonçalo Saraiva Matias, destacó en Lisboa que la reforma parte de la responsabilidad del Estado de resolver conflictos más temprano. "Cuando el Estado es responsable de un daño, debe poder llegar a un acuerdo sobre la indemnización antes de que el caso vaya a juicio", afirmó.
La Ministra de Justicia, Rita Alarcão Júdice, subrayó que la reforma busca asegurar que los derechos sean reconocidos y protegidos a tiempo, promoviendo un cambio de paradigma en la relación entre la Administración Pública y los ciudadanos y empresas.
La reforma incluye el uso de medios electrónicos y la posibilidad de sentencia oral para acciones simplificadas, además de valorar el arbitraje administrativo y la prevención de litigios en materia de contratación pública y responsabilidad civil del Estado.
Las medidas se organizan en cinco ejes: transformación digital de la Justicia, organización y gestión de los tribunales, simplificación de la tramitación de los procesos, actuación de la Administración Pública y diversificación de los mecanismos de prevención y resolución de litigios.
