La propuesta, que culmina un proceso de evaluación estratégica coordinado por el Centro de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, abarca cuatro áreas de actuación: recursos naturales, energía, adaptación climática y resiliencia territorial; transformación industrial y digital; vivienda, movilidad y ciudades inteligentes; y salud, ciencias de la vida y longevidad. El documento entra ahora en consulta pública.
Fernando Alexandre, en la sesión de clausura del evento en Coimbra, subrayó la necesidad de identificar los problemas más apremiantes y tener una estrategia para resolverlos, para que la inversión en Ciencia e Innovación tenga un mayor impacto social, cultural y económico. La prioridad es articular las estrategias nacionales y regionales con las orientaciones europeas y promover la colaboración entre diferentes áreas científicas, sectores y ministerios.
La Agencia para la Investigación y Innovación (AI²), creada a principios de 2026, introducirá un nuevo modelo de gobernanza y financiación, basado en un presupuesto y un contrato-programa de cinco años para garantizar estabilidad a los investigadores. El presupuesto se distribuirá en tres pilares: 35%-45% para investigación y desarrollo, 30%-40% para dominios estratégicos y 25%-35% para innovación.
El Gobierno también pretende aumentar la inversión en investigación y desarrollo del actual 1,81% del PIB (2025) al 3% para 2030, reforzando el empleo científico, las infraestructuras y la investigación fundamental. Fernando Alexandre destacó que esta meta es un medio para alcanzar una economía más competitiva, mayor calidad de vida y más cohesión social y territorial.
Esta estrategia forma parte de una reforma más amplia del sistema científico nacional, que continuará en 2027, incluyendo cambios en la financiación de las universidades, en la evaluación y en las carreras docentes y de investigación.




