Concesionarias de energía deben 348 millones de euros al territorio de Trás-os-Montes

Los alcaldes de Vila Pouca de Aguiar y Alfândega da Fé alertan sobre la deuda y confían en una victoria judicial.

Imagen genérica de la textura de una bandera portuguesa con un edificio gubernamental difuminado al fondo.
IA

Imagen genérica de la textura de una bandera portuguesa con un edificio gubernamental difuminado al fondo.

Las concesionarias de energía deben un total de 348 millones de euros al territorio de Trás-os-Montes, según un comunicado oficial de los Ayuntamientos de Vila Pouca de Aguiar y Alfândega da Fé.

Los Ayuntamientos de Vila Pouca de Aguiar y Alfândega da Fé, a través de sus alcaldes Ana Rita Dias y Eduardo Tavares, respectivamente, emitieron un comunicado oficial denunciando que las concesionarias de energía deben 348 millones de euros al territorio de Trás-os-Montes. Según el documento, la región es rica en recursos naturales para la producción de energías renovables, con un valor patrimonial tributario superior a 15 mil millones de euros.
El comunicado detalla que la renta anual de IMI, a la tasa mínima del 0,30%, sería de unos 45 millones de euros. En 2025, el rendimiento obtenido por las tres mayores concesionarias de energía con la explotación de presas en el territorio fue de 941,8 millones de euros, sumándose más de 135 millones de euros con parques eólicos y fotovoltaicos. Una tasa del 5% sobre estos rendimientos resultaría en más 53,5 millones de euros para los municipios.
El texto refiere además que la venta de seis presas de EDP al grupo liderado por ENGIE, por unos 2.200 millones de euros, generó impuestos como el impuesto del sello y el IMT que ascienden a más de 250 millones de euros, renta destinada a diez municipios de Trás-os-Montes. En los últimos cinco años, Movhera facturó unos 2.020 millones de euros con seis presas en el Duero Internacional, Baixo Sabor y Foz Tua.
Las concesionarias se niegan a pagar el valor debido, recurriendo a los tribunales. EDP, Movhera e Iberdrola perdieron acciones judiciales relativas al IMI en el tribunal administrativo y fiscal de Mirandela y no pagan las rentas debidas por el DL 424/83, conforme dictamen de la Procuraduría General de la República. A pesar de un reciente fallo del Tribunal Constitucional que cuestiona normas de evaluación del CIMI, los ediles confían en la prevalencia de la ley y el buen sentido para una "victoria histórica y justa".
Información elaborada a partir de la fuente oficial: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar (09/11/2026)