La principal novedad para la vacunación contra la gripe en la campaña 2026-2027 es la ampliación de la vacunación gratuita a niños de 2 a 4 años de edad. En el marco del esquema vacunal, se recomienda la administración de dos dosis de vacuna contra la gripe a niños de 6 a 23 meses de edad en situación de primovacunación, con el objetivo de reforzar la protección infantil y reducir la transmisión comunitaria de la enfermedad.
La administración de la vacuna contra la gripe en farmacia comunitaria se ha ampliado a personas de entre 18 y 59 años con patologías de riesgo elegibles, aumentando la accesibilidad y conveniencia de la vacunación.
El Servicio Nacional de Salud (SNS) adquirió 2.330.000 dosis de vacunas contra la gripe de dosis normal y 369.000 dosis de vacunas de dosis elevada. Esto representa un aumento de 187.000 dosis de dosis normal y 12.000 dosis de dosis elevada respecto a la campaña anterior, garantizando vacunas para todos los que deseen vacunarse.
En cuanto a la vacunación contra la COVID-19, la estrategia para 2026-2027 se centra más en los grupos poblacionales con mayor riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. La vacunación primaria continúa durante todo el año, pero la elegibilidad se restringe a grupos específicos de mayor riesgo clínico.
El umbral de edad para la recomendación de la vacuna estacional contra la COVID-19 sube de los 60 a los 70 años, manteniéndose la vacunación para personas con condiciones o patologías de riesgo elevado, así como para residentes en estructuras y contextos vulnerables.
La estrategia incluye también un enfoque más dirigido a los profesionales de la salud con factores de riesgo individuales o que prestan cuidados directos a personas vulnerables.
La vacunación en farmacia comunitaria contra la COVID-19 se amplía a personas de entre 18 y 69 años con patologías de riesgo, mientras que las personas de entre 70 y 84 años pueden vacunarse independientemente de estas patologías.
La campaña estacional otoño-invierno 2026-2027 se considera la medida más eficaz para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte asociadas a la gripe y la COVID-19, contribuyendo a la resiliencia de los servicios de salud y a la protección de profesionales y personas en contextos de mayor vulnerabilidad.
