El Ayuntamiento de Guarda reconoció y distinguió el trabajo desarrollado por CERCIG, destacando su desempeño ejemplar y la colaboración mantenida a lo largo de los años. El seguimiento prestado por CERCIG en el ámbito del Ingreso Mínimo (RSI) no tiene relación con el trabajo que desarrolla con personas con discapacidad, el cual no se ve afectado por esta decisión. La medida en cuestión se refiere al seguimiento de una prestación pública de protección social, una competencia del Municipio ejercida a través de un protocolo con objetivos, obligaciones y duración definidos.
Desde el 1 de abril de 2022, el seguimiento del RSI es una competencia del Ayuntamiento, transferida por el Estado. Inicialmente, por falta de medios técnicos, el Municipio celebró protocolos con CERCIG y otras dos instituciones. Actualmente, el Ayuntamiento dispone de capacidad técnica propia para ejercer esta competencia directamente.
A principios de 2026, el Municipio se reunió con CERCIG para renovar el protocolo, pero sin obtener respuesta. La renovación fue aprobada por unanimidad en la reunión de Ayuntamiento del 27 de abril de 2026. El 20 de mayo, el Municipio envió el protocolo firmado a CERCIG, pero no recibió respuesta. El 24 de septiembre, comunicó a CERCIG el fin del protocolo, con efectos a 31 de diciembre, cumpliendo el preaviso de 90 días.
La decisión se basa en la buena gestión pública y coincide con una reforma nacional: el 31 de diciembre, el Ingreso Mínimo da paso a la Prestación Social Única (PSU), y la nueva ley atribuye el seguimiento de los beneficiarios a los ayuntamientos. El acuerdo establece como referencia 100 expedientes familiares por técnico, un ratio que garantiza un seguimiento cercano de cada familia.
En 4 años, el Ayuntamiento pagó a CERCIG aproximadamente 950 mil euros por el seguimiento del RSI, y cerca de 1,1 millones de euros a otras dos instituciones. Adicionalmente, apoyó el funcionamiento de las instituciones sociales del municipio con más de 308 mil euros y destinó 1 millón de euros para proyectos candidatos al PRR, totalizando 3,3 millones de euros.
El Municipio comprende la preocupación de los trabajadores de CERCIG y respeta la forma en que se manifestaron, asegurando que la decisión no cuestiona el mérito de su trabajo. Lamenta, sin embargo, que el asunto se esté gestionando de forma politizada, reafirmando que se trata de una decisión de gestión rigurosa y responsable.
El Municipio reafirma su total disponibilidad para dialogar y colaborar con CERCIG y con todas las IPSS del municipio, garantizando la buena relación institucional y la idoneidad del trabajo social desarrollado por la institución.
